La Fiscalía señala un posible fraccionamiento de contratos por $200 millones destinados a la logística de las elecciones legislativas del 8 de marzo. También investiga presuntas facturas fraudulentas e inconsistencias en alimentación, combustible y viáticos.
Riosucio, Chocó. La Fiscalía
General de la Nación adelanta una investigación contra el alcalde de Riosucio,
Juan Moreno Mena, y otros cinco funcionarios de la administración municipal,
por presuntas irregularidades en la contratación de servicios y suministros
destinados a la logística de las elecciones legislativas realizadas el pasado 8
de marzo.
Por: Redacción Judicial
Los investigados son, además
del mandatario municipal, el secretario de Hacienda, Roberto Bayron Tipton
Caicedo; el jefe de Presupuesto, Francisco Calvo Romaña; el auxiliar
administrativo, Wilmer Enrique Romaña Vargas; el coordinador de la Oficina de
Riesgo, Jair García Rodríguez; y el recaudador de impuestos, Ariel Alejandro
Moreno Ayala.
Presunto fraccionamiento de la
contratación
De acuerdo con los elementos
materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, los seis funcionarios
habrían intervenido, de acuerdo con sus posibles responsabilidades
individuales, en diferentes actuaciones contractuales que no se habrían
desarrollado bajo una planeación integral.
La hipótesis de la Fiscalía
apunta a que el objeto de la contratación habría sido dividido en varios
contratos y resoluciones con el propósito de evitar un proceso de selección
objetiva que permitiera la participación de varios oferentes y, de esta manera,
justificar la contratación y el giro directo de los recursos.
En el caso del alcalde Juan
Moreno Mena, el ente investigador sostiene que, en su condición de ordenador
del gasto, habría conocido tanto la cuantía total como el objeto de las
necesidades relacionadas con la jornada electoral y, pese a ello, habría dispuesto
su división en varias resoluciones.
La Fiscalía también señala que
la necesidad presupuestal no habría sido incluida oportunamente en el plan de
adquisiciones del municipio, pese a que el calendario electoral era conocido
desde 2025.
$200 millones en cinco
partidas
Según la investigación,
durante el proceso fueron autorizadas cinco partidas presupuestales que sumaron
aproximadamente $200 millones para atender los requerimientos relacionados con
la logística electoral.
Sin embargo, las evidencias
recopiladas indicarían que solo una parte de estos recursos habría sido
utilizada efectivamente para los fines previstos.
Entre las presuntas
irregularidades detectadas aparecen documentos utilizados para respaldar los
gastos, entre ellos cuentas de cobro y facturas que, según la Fiscalía,
presentarían inconsistencias o serían fraudulentas.
El ente acusador también
encontró posibles anomalías en los soportes relacionados con el suministro de
alimentación, con documentos correspondientes a almuerzos que en algunos casos
no tendrían fecha.
Combustible y viáticos, bajo
investigación
La Fiscalía igualmente puso
bajo la lupa los documentos relacionados con el suministro de combustible.
Algunos de los soportes habrían sido expedidos después de realizadas las
elecciones o registrarían valores superiores a los precios reales.
A esto se suman presuntas
inconsistencias en documentos destinados a soportar el pago de viáticos a
jurados electorales, en los que se habrían registrado valores elevados que no
corresponderían con los gastos realmente efectuados.
Para la Fiscalía, estos
elementos harían parte de un conjunto de actuaciones que deberán ser
esclarecidas dentro del proceso penal.
Cuatro delitos imputados
Un fiscal de la Seccional
Chocó, especializado en investigaciones relacionadas con la Administración
Pública, imputó a los seis funcionarios, de acuerdo con su presunta
participación individual, los delitos de peculado por apropiación, prevaricato
por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en
documento privado.
Los investigados no aceptaron
los cargos formulados por la Fiscalía.
La investigación continuará
para establecer las circunstancias en que fueron autorizados y ejecutados los
recursos públicos, determinar el destino de los dineros y establecer la
eventual responsabilidad individual de cada uno de los funcionarios.
Es importante precisar que la
imputación de cargos constituye una etapa del proceso penal y no equivale a una
condena. La responsabilidad de los investigados deberá ser determinada por las
autoridades judiciales competentes, con respeto de las garantías procesales y
la presunción de inocencia.
Conclusión: El caso vuelve a
poner bajo escrutinio el manejo de recursos públicos destinados a garantizar
procesos electorales. La Fiscalía deberá avanzar en la verificación de los
contratos, documentos, facturas y demás soportes para establecer si
efectivamente se produjo un fraccionamiento contractual y un uso irregular de
los recursos asignados a la logística electoral en Riosucio.
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