Ante las acusaciones de haber tenido vínculos con el paramilitarismo, Chávarro calificó los señalamientos de “perversos, injuriosos, calumniosos y faltos a la verdad”.
Redacción Judicial
Un cruce de acusaciones y
defensas clave se vivió en la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), en la que Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’, exintegrante
del secretariado de las extintas FARC-EP, señaló al excongresista y exdiputado huilense
Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar de tener vínculos con el paramilitarismo.
Chávarro respondió con firmeza: calificó los señalamientos de “perversos,
injuriosos, calumniosos y faltos a la verdad”. El debate se dio en medio de las
diligencias de “Observaciones de las víctimas del Bloque Sur de las FARC”.
Según Joaquín Gómez, dentro de
la guerrilla circuló un informe sobre Chávarro, enviado por alias “El Paisa”,
en el que se le vinculaba con grupos paramilitares. En su testimonio, citado el
2 de mayo de 2025 ante la JEP, afirmó:
“A mí ‘El Paisa’ me hizo
llegar un informe donde hablaba del señor este (Carlos Ramiro) y las
implicaciones que se le hacían por su vinculación con el paramilitarismo …
Porque cuando se habla del paramilitarismo y siendo él huilense, era para
atacar o eliminar a todos aquellos que fueran simpatizantes con nosotros”.
Joaquín Gómez añadió que Chávarro
había sido declarado enemigo de las FARC precisamente por sus gestiones para
pedir bases militares y policiales en el Huila, lo que lo convertía en blanco
de hostigamiento por parte de la guerrilla.
Chávarro responde
Chávarro Cuéllar rechazó con
énfasis las acusaciones. Dijo no permitir “que me pongan del lado de quienes
combatí”. En su intervención ante la JEP, afirmó:
“No solamente combatí a la
guerrilla, sino a todas las organizaciones al margen de la ley, llámense paramilitares,
llámense guerrilleros, llámense narcotraficantes, la denominación y el nombre
que se les quiera poner”.
Negó haber tenido nexos con
paramilitares y calificó los señalamientos de injustos. Recordó las amenazas
recibidas durante más de dos décadas, el desplazamiento forzado de su familia
—incluyendo a su madre, su esposa, su hija y demás allegados— y la
imposibilidad de arraigarse en su territorio.
Chávarro también detalló que,
durante su periodo como senador (2010–2014) y posteriormente como diputado del
Huila, impulsó iniciativas para fortalecer la seguridad en la región: pidió
instalar una base militar en Algeciras, promover un batallón helicoportado en
la Novena Brigada en Neiva, y apoyar la creación de fuerzas de seguridad en
zonas vulnerables como el sector entre Garzón y Altamira. Estas gestiones,
dijo, lo convirtieron en objetivo de la guerrilla.
El excongresista estimó que
esas iniciativas —y no ningún vínculo real con grupos paramilitares— explican
por qué fue declarado “enemigo de las FARC” y por qué, según Toncel, habría una
intención de “ajusticiarlo”.
Ataques y atentados atribuidos
a la FARC
Durante la diligencia, también
se expuso cómo la guerrilla planificó atentados contra Chávarro. El
excombatiente Ángel Alberto García Sánchez (alias ‘Hernán Benítez’),
excomandante del frente 17 “Angelino Godoy”, relató que la orden de atentar
contra Chávarro vino de alias ‘El Paisa’. El operativo habría sido confiado al
también guerrillero alias ‘James Patamala’, con apoyo de milicias. Según García
Sánchez, semanas antes se hizo seguimiento tanto a Chávarro como a movimientos
del Ejército en la vía Gigante–Neiva, con el fin de interceptarlo. El 3 de
diciembre de 2005 —cuando circulaba por esa ruta — se disparó contra una
camioneta gris policromada, vehículo que se suponía era el de Chávarro. Pero
por el retraso en su paso, el ataque impactó por error el vehículo en que
viajaba el entonces exgobernador del Huila, Jaime Lozada Perdomo, quien murió.
Milton de Jesús Toncel, alias
‘Joaquín Gómez’, fue comandante durante más de dos décadas del Bloque Sur de
las FARC. Según documentos de la JEP, ingresó a la guerrilla en 1984, después
de haber trabajado como profesor universitario en Caquetá.
En audiencias previas, Toncel
reconoció ante la JEP casos de reclutamiento de menores de edad por parte de la
guerrilla, admitiendo que “ese fenómeno sí ocurrió”.
Además, la JEP ha determinado
que varios delitos cometidos por altos mandos de las FARC —incluyendo los de
Toncel— son crímenes de lesa humanidad e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, por lo que no podrán recibir amnistía.
En este marco, la audiencia
del 2025 no solo buscaba reconstruir hechos como masacres, homicidios,
desapariciones y desplazamientos en Huila y Caquetá, sino también esclarecer
posibles alianzas o relaciones entre guerrilla y paramilitarismo.
El choque entre Joaquín Gómez y
Chávarro revela la complejidad del conflicto armado colombiano: viejos enemigos
de guerra enfrentados nuevamente, esta vez ante un tribunal de paz, en medio de
versiones contrapuestas. El señalamiento de vínculos con paramilitares no es
menor: si se comprobara, podría poner en entredicho la versión de Chávarro como
víctima y dirigente comprometido con la legalidad. Pero hasta ahora, en los
documentos públicos de la JEP, no hay constancia formal de que Chávarro haya
tenido nexos con grupos al margen de la ley. De hecho, un auto fechado 2023
señala que “nunca ha pertenecido o ha tenido nexos con grupos paramilitares o
cualquier grupo al margen de la ley … Su vida personal y su carrera política
siempre se han enmarcado en la legalidad”.
Para Chávarro, los
señalamientos del comandante guerrillero no son más que un “ataque político y
personal”, resultado que —según él mismo— fue considerado enemigo por su
labor en favor del fortalecimiento de la seguridad en el Huila.
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