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martes, 25 de noviembre de 2025

LAS INFRACCIONES AMBIENTALES QUE MÁS SE COMETEN EN EL HUILA.


 De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). La tala de árboles sin permiso, intervención de bosques nativos, quema de coberturas vegetales, y comercialización ilegal de productos forestales sin salvoconducto, son las infracciones que más se registran en el territorio departamental.


También se reporta la captación ilegal de agua, afectación a rondas hídricas, contaminación por vertimientos de lixiviados y agroquímicos, ocupación de cauces sin autorización.


Redacción Huila 


Entre 2020 y 2025, en el departamento del Huila se registraron más de 17 mil denuncias ambientales, una cifra que refleja tanto la magnitud de las afectaciones a los ecosistemas como el creciente compromiso ciudadano por reportar estos hechos. Así lo reveló la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), que identificó a la tala ilegal de árboles y a la captación irregular de agua como las infracciones más frecuentes.

 

El aprovechamiento ilegal de los bosques encabeza la lista de irregularidades con 7.200 denuncias, equivalentes al 42 % del total. Entre los comportamientos más comunes están: tala de árboles sin permiso, intervención de bosques nativos, quema de coberturas vegetales, comercialización ilegal de productos forestales sin salvoconducto.

 

Para la autoridad ambiental, estas cifras evidencian los impactos directos sobre la biodiversidad y, a su vez, el papel activo de las comunidades en la protección del patrimonio natural.

 

Juan Carlos Ortiz, subdirector de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM, destacó que estas denuncias no solo muestran las afectaciones persistentes, sino también la confianza en la entidad:

 

“Este balance entre 2020 y 2025 muestra avances en la denuncia ciudadana y un reto para la Corporación. Es un gana-gana que refleja la confianza en la institución y el trabajo que debemos seguir haciendo para ser más contundentes ante las afectaciones reales del departamento”.

 

El agua, el segundo recurso más afectado. El recurso hídrico aparece como el segundo más impactado, con 5.523 denuncias (32 %). Las principales irregularidades detectadas son: captación ilegal de agua, afectación a rondas hídricas, contaminación por vertimientos de lixiviados y agroquímicos, ocupación de cauces sin autorización.

 

La CAM advierte que esta problemática es especialmente crítica en la zona Norte del Huila, donde la demanda de agua para uso agropecuario es elevada, situación que se agrava durante las temporadas secas.

 

Fauna silvestre, suelo y aire también se ven afectados. El informe de la Corporación señala además: 2.169 denuncias (13 %) por afectaciones a la fauna silvestre, principalmente por tenencia ilegal de animales. 1.606 casos (9 %) relacionados con el suelo, debido a la inadecuada disposición de residuos, vertimientos directos y explotación irregular de materiales de arrastre. 297 reportes (2 %) asociados al aire, entre ellos casos de ruido y olores ofensivos.

 

Zonas más afectadas del departamento. El análisis territorial evidencia diferencias marcadas por región: sur del Huila: 7.445 denuncias (44 %), en su mayoría por afectaciones a la flora.

 

Norte: 4.798 denuncias (28 %), con predominio de irregularidades relacionadas con el recurso hídrico.

 

Centro: 3.160 casos (19 %), vinculados principalmente a daños forestales.

 

Occidente: 1.634 denuncias (10 %), con afectaciones en menor escala.

 

Cada región presenta retos particulares: “en el Sur persisten prácticas de tala y comercio ilegal de productos forestales; en el Norte, el uso del agua es el foco. Para nosotros es claro que debemos seguir reforzando la prevención, el control y, sobre todo, la educación ambiental”, precisó la CAM.

 


Finalmente, la autoridad ambiental insistió en que la denuncia ciudadana, junto al trabajo articulado entre instituciones, productores y comunidades, es clave para frenar las infracciones que deterioran los ecosistemas del Huila.

 

“La protección del territorio no depende solo de la autoridad ambiental. Requiere un compromiso conjunto del Estado, el sector productivo y cada ciudadano”, concluyó la CAM.

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