Interviniendo de manera extemporánea en el trámite de segunda instancia de la acción de tutela, la Agencia liderada por una mujer, solicitó revocar la sentencia y no amparar los derechos de la Jefa de Relacionamiento y Comunicaciones de Colpensiones, madre lactante de 45 años.
Vencidos los términos otorgados por el Juez de tutela, el Comité de Convivencia laboral de Colpensiones no cumple con la orden de retrotraer el proceso llevado sobre la queja de acoso laboral y citar a la reunión de conciliación en aras de garantizar el debido proceso.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hoy dirigida por Paula Robledo Silva, presentó de manera atípica y en especial extemporánea fuera del término de impugnación un escrito de intervención ante el Juzgado 65 Penal Municipal con función de control de garantías, solicitando revocar la sentencia proferida el pasado 26 de enero de 2024, en la que se tuteló los derechos al debido proceso y al trabajo de la Jefe de Comunicaciones de Colpensiones Iveth Carmen Aristizabal, ordenando entre otros su reintegro a la entidad a un cargo igual o de mejor condición al que ocupaba al momento de su desvinculación, así como reconocer y pagar todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su desvinculación.
De igual manera, ordenó al Comité de Convivencia laboral de Colpensiones “que una vez realizado el reintegro de la trabajadora proceda dentro de un término no superior a 48 horas a retrotraer el proceso llevado sobre la queja de acoso laboral radicado por la señora Iveth Carmen Aristizabal el 17 de agosto de 2023 y proceda a citar a la reunión de conciliación en aras de garantizar el debido proceso”, orden que a la fecha es importante señalar no se ha cumplido por parte del Comité presidido por José Luis Santaella Bermúdez, transcurridos más de 5 días de haber sido reintegrada a la entidad, lo cual constituye un claro desacato a la orden del referido juez de tutela, con consecuencias penales y disciplinarias.
Suscrito por la abogada Jennifer Jully Díaz Ramírez en calidad de apoderada de la agencia. Llama profundamente la atención que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) liderada por una mujer con la trayectoria académica y jurídica como la Dra. Robledo, intervenga en un proceso de tutela de una ciudadana trabajadora de Colpensiones, desconociendo los antecedentes reales del caso, pero además revictimizando a la Señora Iveth Carmen Aristizabal quien a siso objeto de diferentes actuaciones de acoso y persecución laboral sistemáticos, en la modalidad de exclusión y discriminación por su condición de mujer.
De igual manera, sorprende que la facultad citada por la Agencia para intervenir extemporáneamente en el trámite de la citada tutela que ya hace tránsito a segunda instancia, el artículo 6 numeral 3, literal i) del Decreto 4085 de 2011 modificado por el Decreto 2269 de 2019, refiere a funciones de la agencia en relación con el ejercicio de la representación cuando estén involucrados intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y seis criterios especiales allí consagrados, que claramente no se enmarcan en el caso de la Señora Carmen Aristizábal.
En síntesis, no ha sido suficiente para Colpensiones con violar los derechos al debido proceso y trabajo de la Señora Iveth Carmen Aristizábal como ya lo declaró un juez de república, sino que ahora hacen intervenir a una entidad encargada de la defensa jurídica del Estado - que debería concentrarse en los grandes litigios nacionales e internacionales -, en contra de una mujer a la que le violaron sus derechos, desgastando a la misma entidad pública y al aparato judicial con escritos extemporáneos que podrían enmarcarse en un abuso de la función pública o extralimitación de funciones.
Lo anterior evidencia, que a toda costa se buscan maniobras jurídicas para dilatar y entorpecer el trámite de segunda instancia de la acción de tutela e interferir en la autonomía de los jueces de la república en la adopción de sus decisiones. Solo hace algunos días veíamos a los manifestantes tratando de ingresar al Palacio de Justicia de Bogotá donde se encuentran nuestras Altas Cortes, las cuales se sintieron sitiadas y amenazadas, esperamos que en esta oportunidad no se esté utilizando este tipo de estrategias intimidatorias de nuestra rama judicial.
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