Delegados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) revelaron la cruda realidad del destino final que están sufriendo quienes formar y le apostaron a nuevo país sin conflicto armado.
Este evento que tuvo lugar en el municipio de Pitalito, sur del Huila, se llevó a cabo debido a que la región se ha convertido en uno de los focos más críticos en términos de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz, según informes que revelan una escalofriante cifra de 415 asesinatos entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024 en todo el país.
De acuerdo con los registros de la JEP, 97 de estos crímenes atroces han tenido lugar en el sur del país. Dentro de esta estadística desgarradora, Huila ocupa un lugar significativo con 15 asesinatos, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar la problemática de la seguridad en la región.
La audiencia, liderada por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, la magistrada María del Pilar Valencia, y los magistrados Gustavo Salazar, Alejandro Ramelli y Raúl Sánchez, tuvo como objetivo examinar la implementación del Programa de Protección Integral a excombatientes.
El presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Gustavo Salazar, expresó con contundencia su descontento por la situación actual: «Hoy no deberíamos estar aquí, esta audiencia muestra que se ha fallado gravemente en la implementación del Acuerdo de Paz y que esa falla apunta al corazón del deber fundamental del Estado». Salazar destacó que el examen no está dirigido solo a la JEP, sino al Gobierno Nacional, tanto a la administración anterior como a la actual, señalando la falta de citaciones continuas para recordarles el cumplimiento de sus deberes.
En su intervención, el magistrado Salazar subrayó que los firmantes del Acuerdo de Paz son ciudadanos con plenos derechos y merecen una protección especial para preservar sus vidas y facilitar su reincorporación a la sociedad. Además, hizo referencia a la grave situación durante el gobierno del presidente Duque en 2020, cuando se registraron 82 asesinatos de firmantes, una situación que, según él, la administración de entonces parecía no querer reconocer en su total gravedad.
A lo largo del proceso, la JEP ha emitido múltiples órdenes, aunque el magistrado Salazar expresó su preocupación por la incertidumbre en los resultados y la persistencia de los crímenes a pesar de la disminución general. «El destino de un firmante de paz no puede ser la muerte violenta, para eso no son los procesos de paz, los procesos de paz son para traer vida«, enfatizó.
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