El
Juzgado 3° Penal del Circuito de Ibagué, con funciones de conocimiento, los
condenó en noviembre del año 2023 a más de 9 años de prisión.
La
Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué le concedió la razón a la Fiscalía
General de la Nación y confirmó la condena a 9 años y 7 meses de prisión contra
dos integrantes del Ejército, quienes le exigieron a una mujer la suma de
$278.000.000 de $400.000.000 que recibió de una recompensa. Además, el tribunal
modificó la pena para el ejercicio de derechos y funciones públicas a 96 meses.
Se
trata de Hoover Yarley Ríos Román, quien para esa época era mayor del Ejército,
y Giovany Andrés Cruz Martínez, oficial de la misma institución, quienes según
logró demostrar el ente acusador, el 7 de octubre del año 2009 persuadieron a
una informante de 23 años para que les entregara el dinero que le había sido
depositado el 1 de octubre del mismo año en una cuenta de ahorros que ellos le
obligaron a abrir en un banco de Ibagué.
Los
condenados se apoderaron del dinero mediante dos retiros efectuados a través de
otro funcionario que les sirvió de cómplice. Gracias a registros fílmicos y
fotográficos de las cámaras de seguridad de la entidad crediticia se logró
evidenciar que los condenados se valieron de engaños y artimañas para hacerle
creer que tenía que entregarles una parte de la recompensa porque supuestamente
otras personas también habían brindado información.
La
víctima aseguró que los uniformados la coaccionaron, al decirle que, si no les
entregaba una parte del dinero, la exhibirían ante miembros de la guerrilla
como la persona que brindó la información.
De
esto no solo dan cuenta personas allegadas a la víctima, sino también empleados
del banco, quienes los atendieron ese día, asegurando que los oficiales
recibieron una cantidad de dinero, y que otra parte fue consignada a la cuenta
de un tercero, también integrante de las Fuerzas Militares.
Esta
decisión es de segunda instancia y sobre ella procede el recurso extraordinario
de casación.
Estos
resultados se logran de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal
General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar la corrupción
en las instituciones.
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