En medio de una creciente ola de violencia y tensiones en zonas rurales del sur del país, el Frente Hernando Gonzales Acosta, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las FARC-EP, emitió un comunicado público en el que niega su responsabilidad en recientes hechos de desplazamiento y amenazas en el municipio de La Plata, Huila.
El pronunciamiento, fechado el 27 de septiembre,
responde a denuncias sobre presuntos actos de presión contra líderes
comunitarios y presencia armada ilegal en el corregimiento de Belén.
En particular, el grupo armado desmiente versiones
sobre el supuesto desplazamiento forzado del señor Jesús Ñañez, presidente de
la Junta de Acción Comunal del corregimiento. “En ningún momento se ha dado la
orden de desterrar al dirigente”, se lee en el comunicado.
Las FARC-EP sostienen que su presencia en la región
tiene como propósito “orientar a las comunidades” ante eventuales
enfrentamientos con la Fuerza Pública, asegurando actuar conforme a los
lineamientos del Derecho Internacional Humanitario. Al mismo tiempo, acusan a
medios de comunicación de “desinformar” y de servir intereses de la “oligarquía
colombiana”, al tiempo que critican al Gobierno Nacional por supuestamente
involucrar a civiles en labores de inteligencia militar.
En otro apartado del comunicado, la organización
advierte sobre la circulación de documentos falsos a su nombre, mediante los
cuales se estaría exigiendo dinero a comerciantes de la zona. Aclaran que este
tipo de acciones no corresponde a sus “formas seguras de comunicación”.
El pronunciamiento también reitera su identidad como grupo insurgente surgido en el Huila, destacando su vínculo histórico con el territorio. “No somos enemigos de este territorio. Somos una insurgencia del pueblo que por más de 60 años ha liderado una lucha política y revolucionaria en este país”, concluye el comunicado.
La ONU denuncia clima de terror y ausencia estatal
El pronunciamiento de las FARC-EP coincide con una preocupante alerta humanitaria emitida por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras una visita de cuatro días a los departamentos de Huila y Caquetá. La misión, liderada por Scott Campbell, representante de la ONU en el país, constató una situación de extrema vulnerabilidad en comunidades rurales, afectadas por la presencia de actores armados no estatales y la débil institucionalidad estatal.
“La semana pasada vi el miedo en sus ojos. Los liderazgos sociales están acorralados”, afirmó Campbell, quien denunció amenazas, homicidios, reclutamiento forzado de menores y extorsiones sistemáticas. Durante la visita, varios líderes comunitarios aseguraron haber sido declarados “objetivo militar”, lo que ha limitado su movilidad y participación en la vida pública.
Actividades cotidianas como ir a la huerta o asistir a la escuela se han vuelto peligrosas, debido al constante control que ejercen los grupos armados sobre la población. “Saben por dónde nos movemos, qué hacemos y con quién hablamos”, denunció uno de los testimonios recogidos por la delegación.
Uno de los aspectos más alarmantes señalados por la ONU es el aumento del reclutamiento de menores de edad. Según Campbell, muchas familias temen denunciar por represalias. “Una niña fue llevada por un grupo, que insiste en que a partir de los 15 años los niños son de ellos”, indicó. Se han reportado incluso visitas de miembros armados a colegios para identificar posibles víctimas, aprovechando la vulnerabilidad de los jóvenes.
La Oficina de la ONU instó al Estado colombiano a adoptar medidas urgentes y eficaces para proteger a la población civil. Como muestra de la coacción a la que están sometidas estas comunidades, Campbell recordó un hecho ocurrido el pasado 18 de septiembre en Belén, donde cerca de mil personas fueron obligadas a marchar para exigir el retiro del Ejército, bajo amenaza de un grupo armado ilegal.
“Instamos a las autoridades a proteger y no estigmatizar a la población civil atrapada y bajo amenaza de muerte por estos grupos”, subrayó el funcionario internacional. También hizo un llamado directo a las organizaciones armadas ilegales para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y liberen a todos los menores reclutados.
En lo que va de 2025, la ONU ha verificado el asesinato de tres defensores de derechos humanos en Huila y dos en Caquetá, lo que confirma el deterioro de la seguridad en la región.
Durante su visita, Campbell se reunió con autoridades departamentales y militares, incluyendo al gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, con quienes discutió la necesidad de fortalecer políticas públicas contra el reclutamiento forzado. Como avance, la ONU destacó la instalación de un Comité Departamental para la Prevención del Reclutamiento de Niños y Niñas, aunque advirtió sobre la urgencia de garantizar recursos suficientes para implementar sus acciones.
Las comunidades, por su parte, insistieron en que la salida a esta crisis no puede ser exclusivamente militar. Demandaron inversiones sociales sostenibles en cultura, deporte, educación y servicios básicos. “Necesitamos una ruta de paz en la que los actores armados no puedan entrar al territorio y en la que el Estado nos garantice nuestros derechos”, reclamaron.
Mientras tanto, en territorio del occidente, centro y sur del Huila, el miedo sigue marcando el día a día de miles de personas que claman por una presencia Estatal, efectiva, duradera y garante de seguridad, el patrimonio, la gobernabilidad y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario DIH.
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