"Día de muerte" en Colombia: Petro condena
atentados en Cali y Amalfi y pide declarar terroristas a disidencias de FARC y
Clan del Golfo.
En una jornada marcada por la violencia, el presidente de
Colombia, Gustavo Petro, ha condenado los recientes ataques perpetrados en Cali
y en Amalfi (Antioquia), que han dejado un saldo trágico de al menos 17
personas muertas. En el marco de un evento de entrega masiva de tierras en
Valledupar, el mandatario solicitó a la comunidad internacional que las disidencias
de las FARC y el Clan del Golfo sean declaradas organizaciones terroristas.
Los ataques, que han conmocionado al país, incluyeron un atentado
con un camión bomba frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, que
según los reportes preliminares dejó al menos 5 muertos y más de 40 heridos. El
ataque ha sido atribuido por las autoridades a la disidencia del Frente Jaime
Martínez Beltrán. En el lugar, se ha activado un Puesto de Mando Unificado para
atender la emergencia. La Alcaldía de Cali ha ofrecido una recompensa de hasta
400 millones de pesos por información que conduzca a los responsables.
De forma casi simultánea, un helicóptero de la Policía
Nacional fue atacado con un dron en zona rural de Amalfi, Antioquia, mientras
el personal realizaba labores de erradicación de cultivos de hoja de coca. Este
ataque dejó ocho policías muertos y varios heridos. El ataque fue atribuido por
el Ministerio de Defensa y el gobernador de Antioquia al Clan del Golfo y al
Frente 36 de las disidencias de las FARC.
El presidente Petro calificó el día como un "día de
muerte en muchas regiones del país" y aseguró que estos actos son una
"reacción a los hechos de ayer, la derrota militar de la columna Carlos
Patiño", en referencia a los recientes operativos militares.
Ante esta escalada de violencia, el jefe de Estado
anunció que solicitará a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que, de
acuerdo con el Estatuto de Roma, inicie un proceso contra los dirigentes de
estas bandas por delitos de lesa humanidad. Además, hará un llamado a la Corte
Penal Internacional para que investigue los crímenes cometidos por estos
grupos. La situación en el país ha generado un despliegue de las fuerzas
militares y de policía para reforzar la seguridad y desmantelar a estas
organizaciones criminales.
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