La suspensión se da tras la
admisión de una demanda de nulidad por presuntas irregularidades en su proceso
de reelección.
La continuidad en el cargo de
María Alexandra Floriano Parra como Personera de Guadalupe, está en la cuerda floja,
luego de que el Tribunal Administrativo del Huila admitiera una demanda de
nulidad por irregularidades en su proceso de reelección. La funcionaria, quien
comenzó un nuevo periodo en enero pasado, se enfrenta a la orden judicial de
dejar su cargo tras la suspensión provisional decretada como medida cautelar.
El proceso de selección que
llevó a la reelección de Floriano Parra se vio envuelto en controversias desde
su inicio. Se denuncia que el concurso fue organizado por una entidad
desconocida, suplantando a la Universidad Popular del Cesar (UPC) con sede en
Valledupar. Las alarmas sobre estas irregularidades fueron levantadas por el
propio rector de la UPC, Rober Romero Ramírez, así como por la Procuraduría,
sin embargo, el Concejo de Guadalupe prosiguió con el proceso hasta la
designación de Floriano en enero de 2024.
Las demandas presentadas ante
el Tribunal Administrativo del Huila evidencian una serie de irregularidades en
el proceso de selección, incluyendo la falta de autorización de la UPC para
llevar a cabo el concurso, así como la ausencia de criterios objetivos e
imparciales en la evaluación de los participantes.
La medida cautelar de
suspensión fue decretada por el magistrado Ramiro Aponte Pino tras admitir una
de las dos demandas de nulidad contra la elección de Floriano Parra. A pesar de
las objeciones de la funcionaria y la administración municipal, el tribunal
respaldó la decisión, destacando la necesidad de cumplir con los estándares
legales en los procesos de selección.
El caso de Guadalupe no es único en la región, ya que la elección del Personero de Altamira, Héctor Augusto Vargas Toledo, también está siendo cuestionada por irregularidades similares. Estos acontecimientos ponen en entredicho la integridad de los procesos de selección de funcionarios públicos en la región y plantean interrogantes sobre la responsabilidad de los concejales involucrados.
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