Fuentes cercanas al caso, le confirmaron que la familia del niño tuvo que hacer un pago de cerca de 4000 millones de pesos a sus captores para lograr su libertad.
La negociación estuvo liderada por el padrastro del menor, Jorsuar Suárez, fue citado en la noche del martes 20 de mayo por disidencias de la ‘Jaime Martínez’ y el 21 de mayo tuvo que desplazó hasta el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, para concretar el acuerdo.
Una vez se confirmó el trato con los delincuentes y el niño fue entregado a una prima, que actuó como intermediaria de confianza de la familia.
Una vez fue entregado a la Defensoría del Pueblo y luego a su familia, Lyan fue trasladado de inmediato a la Clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, donde se evaluó su estado de salud médico y psicológico.
No fue gestión humanitaria
La liberación de Lyan José Hortúa, el niño de 11 años secuestrado en Jamundí (Valle del Cauca) durante 18 días, se convirtió en motivo de tensión nacional luego de que la familia desmintiera públicamente al presidente Gustavo Petro y denunciara haber sido abandonada por el Estado.
Mientras el mandatario celebró en redes la liberación del menor y afirmó que “Lyan no es mercancía” —en un claro mensaje contra los grupos que lo retuvieron—, los familiares del niño han declarado que su liberación no fue producto de ninguna gestión oficial, sino de un rescate pagado directamente por ellos.
“Sí, sí pagamos un rescate”, confirmó Sebastián Bonilla, tío del menor, en una entrevista reproducida por medios nacionales. Según él, la familia tuvo que reunir el dinero ante la falta de acciones efectivas del Gobierno, y además reveló que algunos funcionarios del Estado incluso les sugirieron hacer el pago, temiendo que una operación fallida pusiera en riesgo la vida del niño.
El pronunciamiento ha generado indignación entre ciudadanos y sectores políticos. Para muchos, se trata de otra falsa narrativa construida desde el Gobierno, en un intento por mostrar resultados donde, en realidad, hubo ausencia estatal. “Nos dejaron solos”, fue una de las frases más fuertes de la familia, quienes aseguraron que no recibieron el acompañamiento ni la protección que esperaban.
Este caso revive el debate sobre la seguridad en el suroccidente del país y el aumento de los secuestros extorsivos en regiones donde operan estructuras armadas ilegales, incluyendo disidencias de las FARC.
Otra mentira de Gustavo Petro, sentencian en redes quienes cuestionan la gestión del Ejecutivo en materia de orden público. La familia de Lyan, por su parte, pide justicia, protección y que se les escuche con la misma fuerza con la que el gobierno se atribuye logros ajenos.
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