INFANCIAS EN RIESGO: UNA DEUDA PENDIENTE CONTRA EL RECLUTAMIENTO FORZADO EN EL HUILA.

 

POR WILFRED TRUJILLO TRUJILLO

Diputado del Huila

 

En el Huila, como en muchas regiones del país, el conflicto armado ha dejado huellas imborrables. Pero hay una herida que aún no cierra: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Esta práctica, que constituye una de las formas más crueles de violencia contra la niñez, sigue siendo una amenaza silenciosa, especialmente en sectores rurales, marginados y con alta vulnerabilidad social.

Durante los años 2024 y 2025, las instituciones locales han intensificado sus esfuerzos para prevenir este flagelo. La Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva han liderado acciones articuladas, a través de estrategias territoriales, comités interinstitucionales y campañas educativas que buscan reducir los factores de riesgo y garantizar entornos protectores para nuestros menores. Sin embargo, los avances, aunque valiosos, siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.

Colombia ha sido históricamente uno de los países más golpeados por el reclutamiento forzado de menores. Aunque las cifras exactas suelen estar subregistradas, organizaciones como la Defensoría del Pueblo han emitido alertas tempranas que confirman el riesgo latente en varias zonas del Huila, particularmente en municipios como Neiva, Algeciras, La Plata, Baraya e Íquira. Las comunidades indígenas, las niñas, los adolescentes en situación de pobreza extrema y los jóvenes sin acceso a oportunidades son los más vulnerables.

En respuesta a este panorama, la Gobernación del Huila ha impulsado la implementación territorial de la política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (RUUVS). Esta estrategia se ha desarrollado en articulación con entidades como el ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, el SENA, y las secretarías de Educación, Cultura, Salud, Gobierno y Mujer. Una de las iniciativas más destacadas es el programa “Escuelas Seguras”, que con una inversión de 250 millones de pesos en 2025 ha beneficiado a más de 2.400 estudiantes en zonas priorizadas por su exposición al riesgo, como Íquira, Suaza, Acevedo y La Plata.

El proyecto “G-24”, por su parte, ha promovido la formación en derechos humanos a través del arte urbano, como el grafiti y la serigrafía, fomentando la creación de alertas tempranas y el empoderamiento juvenil en territorios con alertas activas. También han cobrado relevancia los semilleros de participación ciudadana en La Plata, una apuesta pedagógica y comunitaria que combina liderazgo juvenil, expresión artística y sentido de pertenencia como herramientas para alejar a la niñez de los riesgos del conflicto.

Otras acciones complementarias, como las vacaciones recreativas por la paz, la entrega de más de 820 implementos deportivos a comunidades indígenas y la activación de Equipos de Acción Inmediata (EAI) en 33 municipios del departamento, han permitido contener —al menos parcialmente— esta forma de violencia estructural.

A nivel municipal, la Alcaldía de Neiva ha asumido también una postura decidida. En 2024, mediante el Decreto 0571, se fortaleció la composición del Comité Interinstitucional de Acción Inmediata, incluyendo a actores clave como el ICBF, la Fiscalía, el SENA, autoridades étnicas y la Secretaría de Juventud. Este comité sesionó seis veces durante el año, abordando casos reales y falsas alarmas, articulando respuestas oportunas con la Fuerza Pública, la Personería y la Secretaría de Paz.

Las acciones en terreno han sido especialmente focalizadas en las comunas 8, 9 y 10, así como en el corregimiento de Vegalarga, identificadas como zonas de alto riesgo. Allí se han desarrollado jornadas de sensibilización sobre rutas de prevención, derechos humanos y mecanismos de denuncia, junto a actividades pedagógicas, deportivas, culturales y comunitarias que buscan restablecer el tejido social y empoderar a las familias. La estrategia “Gobierno en Acción” ha servido de plataforma para acercar la institucionalidad a los territorios, ofreciendo orientación jurídica, atención psicosocial, formación en resolución de conflictos y promoción del liderazgo juvenil.

La Secretaría de Educación, por su parte, ha ejecutado talleres en colegios sobre prevención de violencias, consumo de sustancias psicoactivas, derechos sexuales y reproductivos, y rutas para la protección de niños, niñas y adolescentes. Paralelamente, se ha fortalecido la conectividad digital en zonas periféricas para facilitar la comunicación con las autoridades y el acceso a servicios estatales.

Estos esfuerzos, sin duda, representan un paso adelante. Pero es indispensable reconocer que la prevención del reclutamiento forzado no puede limitarse a acciones aisladas o reactivas. Las causas de fondo son estructurales: pobreza, falta de oportunidades, abandono institucional en las zonas rurales, estigmatización social y ruptura de los vínculos familiares y comunitarios. Por eso, más allá de decretos o programas temporales, necesitamos políticas sostenidas que atiendan estas causas con enfoque diferencial, territorial y de derechos.

El Departamento del Huila debe avanzar hacia un sistema de monitoreo permanente del riesgo, fortalecer los canales de denuncia y reacción rápida, aumentar la cobertura de programas educativos y culturales, y consolidar una red de apoyo para las familias en situación de vulnerabilidad. La prevención, en este contexto, no se limita a evitar el reclutamiento, sino a construir alternativas reales y viables de vida para nuestros niños y jóvenes.

Desde la Asamblea Departamental del Huila hemos reiterado el llamado a las autoridades para que mantengan este tema como una prioridad política y presupuestal. No es aceptable que en pleno 2025 sigamos viendo cómo nuestras infancias son despojadas de su libertad, instrumentalizadas para la guerra y olvidadas por la institucionalidad. Nuestro deber como sociedad es proteger a quienes no tienen voz, a quienes solo deberían estar jugando, aprendiendo y soñando. Cualquier niño reclutado representa el fracaso colectivo de nuestras políticas públicas, pero también la posibilidad de corregir el rumbo si actuamos con decisión, coordinación y voluntad política.

El reclutamiento forzado no solo es una violación flagrante a los derechos humanos, sino una amenaza directa a la paz, la equidad y el futuro de nuestra región. Prevenirlo no es una opción: es un imperativo moral que debe unirnos más allá de las diferencias.

Una infancia libre de miedo es la base de una paz verdadera.