El soldado profesional Milton de Jesús Ávila Ortiz aceptó los cargos.
Golpe a red ilegal señalada de extraer armas de fuego y munición de los fuertes militares para venderlas a las disidencias de las FARC, el ELN y el ‘Clan del Golfo’.
Ocho personas, entre exmilitares, integrantes del Ejército Nacional y particulares fueron capturadas y judicializadas. Dos de los procesados cumplían condenas por esta misma conducta y permanecían detenidos en sus lugares de residencia.
Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a ocho presuntos integrantes de una red delictiva señalada de obtener armas de fuego y munición de uso exclusivo de las fuerza pública para venderlas a distintas estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el ‘Clan del Golfo’.
Entre los procesados hay
personal activo y exintegrantes del Ejército Nacional que desempeñaron diversas
funciones en los depósitos de los fuertes militares ubicados en Caquetá, Meta,
Bogotá, Putumayo y la Costa Atlántica.
Al parecer, aprovecharon sus
cargos para extraer pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras,
lanzagranadas y cartuchos de diferentes calibres; y entregarlos a particulares
que se encargaban de la comercialización y distribución a los grupos armados
ilegales.
La evidencia indica que los dineros producto
de las negociaciones ilícitas eran enviados a través de empresas de giros.
Hasta el momento se han documentado pagos por más de 50 millones de pesos entre
2017 y 2022.
Las ocho personas que harían
parte de esta red fueron capturadas en una acción conjunta del CTI de la
Fiscalía y el Ejército Nacional en Medellín (Antioquia), Florencia (Caquetá),
Villavicencio (Meta), Barranca de Upía (Meta), Apía (Risaralda) y Neiva
(Huila).
Entre los detenidos está el soldado profesional retirado Arbey Panqueva Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes fueron condenados por el delito de tráfico de armas y cumplían detención en los lugares de residencia.
Los elementos de prueba
indican que, al parecer, mantenían contacto con funcionarios de distintos
batallones para continuar adquiriendo armamento a gran escala. También está el
soldado profesional retirado Pedro Javier Ciro Restrepo, que habría desertado
de las fuerzas militares luego de enterarse que era investigado.
En el procedimiento de captura
presentó una cédula con una identificación que no le correspondía. Los demás
señalados involucrados son:
• Sargento segundo Julián Bernardo Pinilla Agredo.
• Soldado profesional Milton de Jesús Ávila
Ortiz.
• Ubeimar Escobar Muñoz, presunto
intermediario.
• Jorge Alfonso Betancur
Sánchez, quien sería uno de los transportadores de las armas y la munición.
• María Isabel Díaz Romero,
propietaria de un establecimiento de comercio en Medellín (Antioquia) que
habría sido utilizado para almacenar las armas, accesorios y cartuchos
obtenidos de los fuertes militares.
Un fiscal de la Dirección
Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas ocho
personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos
de: concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de
fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o
explosivos; enriquecimiento ilícito; y uso de documento falso. El soldado
profesional Milton de Jesús Ávila Ortiz aceptó los cargos.
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