Por Julio Bahamon Vanegas
En el país, por cuenta del
ilegítimo gobierno de Gustavo Petro, pasan cosas todos los días, al punto de
que ya perdimos la capacidad de asombro. Generales del ejército y funcionarios
de la Dirección Nacional de Inteligencia del lado de los grupos criminales, y
no pasa nada, compra de aviones de guerra con sobrecostos billonarios, en los
que es señalada la exesposa del presidente de la república como intermediaria
del negociado, y no pasa nada, y en la mañana de hoy se conoció el fallo
definitivo del Consejo Nacional Electoral mediante el cual se sanciona a las
personas que estuvieron al frente de la logística de la campaña Petro
presidente, por haber violado los topes electores, y tampoco pasa nada.
El fallo de la sala plena del
Consejo Nacional Electoral, con una votación mayoritaria de 6 magistrados
contra 3, que no es una opinión, ni una especulación política, sino una
sentencia definitiva que determino, en una declaración oficial del Estado,
sustentada en más de 500 páginas de pruebas y análisis, que la campaña
presidencial de Gustavo Petro Urrego violo los topes electorales, es decir, su
elección estuvo viciada, es ilegítima y durante estos 40 meses Colombia ha
estado gobernada por un presidente filibustero que se ha dedicado a destruir la
República y a permitir toda clase de desafueros contra la institucionalidad.
La reacción de la UP y de
Colombia Humana, los partidos que eligieron a Gustavo Petro, ha sido la de
descalificar el fallo por “persecución política” y “guerra política”, para
ocultar la responsabilidad que les corresponde. A esos partidos les toca pagar
millonarias multas y someterse a vigilancia estricta. La financiación estatal
futura, la legalidad de sus auditorias y el propio funcionamiento de ellos,
quedan bajo la lupa.
Quedo claro ante el país que
la campaña presidencial de Gustavo Petro violo la ley, supero los topes
electorales, recibió financiación prohibida y ocultar información esencial
sobre el manejo de sus recursos.
Con el fallo del Consejo
Nacional Electoral se activan tres procesos con carácter explosivo: 1.- La
fiscalía debe abrir investigaciones penales contra todos los implicados; 2.- La
Comisión de Acusaciones tiene que ocuparse de analizar la conducta del
presidente Petro y de verificar su participación, y de comprobar los
delitos, acusarlo ante el Senado de la
República para que sea juzgado por indigno para ocupar la presidencia de la
República, también por fraude en la
rendición de las cuentas de su campaña y
financiamiento ilícito la misma; 3.- los partidos políticos implicados quedan
multados con riesgo de sanciones adicionales, como no poder inscribir listas de
candidatos al congreso de la república para las elecciones del 2026.
El Consejo Nacional Electoral,
con el fallo, demostró, en buena hora, que los topes electorales no son
decorativos y que el poder no legitima la ilegalidad.
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