La Fiscalía General de la Nación logra sentido de fallo condenatorio contra el alcalde de la Palma Cundinamarca por irregularidades de contratación durante la pandemia.
También fue condenado el contratista que vendió los kits alimenticios y de bioseguridad
de manera directa. El valor del contrato suscrito supera los 65 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo sentido de fallo condenatorio contra Jhon Jairo
Pulido Pulgarín, actual alcalde municipal de La Palma (Cundinamarca). El funcionario fue
encontrado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en grado tentativa y falsedad ideológica en documento público.
Una fiscal de la unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Cundinamarca estableció que el funcionario es responsable de varias irregularidades detectadas en un contrato suscrito al amparo de la emergencia sanitaria por el COVID – 19.
La investigación determinó que el objetivo del contrato era garantizar la alimentación de los habitantes menos favorecidos del municipio, durante el periodo de aislamiento
preventivo decretado por el Gobierno Nacional en 2020.
El material de prueba da cuenta que el alcalde quiso favorecer al contratista José Raúl Cruz Quintero quien tenía una comercializadora de alimentos. Para esto le fue
adjudicado, el 30 de marzo de 2020, el contrato por $65’163.372 cuyo objetivo era la adquisición de bienes de primera necesidad, productos perecederos y elementos de bioseguridad.
La Fiscalía evidenció que, aunque los kits alimentarios fueron recibidos el 8 de abril del 2020 por la alcaldía de La Palma; solo hasta el 04 de mayo de 2020 los entregaron a la población; es decir, 26 días después de su adquisición.
El juez de conocimiento ordenó medida privativa de la libertad contra el alcalde Jhon Jairo Pulido Pulgarín y el contratista José Raúl Cruz Quintero; ante esta decisión seordenó la captura inmediata. El próximo mes de abril se conocerá el monto de la condena impuesta a los procesados.
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