PRISIÓN DOMICILIARIA PARA EXJEFE DEL CTI HUILA

El exfuncionario de la fiscalía purga una condena de 7 años de cárcel, fue acusado de integrar una banda delincuencial dedicada al hurto de apartamentos en diferentes regiones del territorio colombiano.

El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Ibagué, le sustituyo la prisión en centro carcelario por prisión domiciliaria,  al exjefe jefe de Seguridad de Sedes y Personas de la Seccional Huila, Héctor Engelberth Rodríguez Salazar, tras cumplir las tres cuartas partes de su condena que son 84 meses un poco más de 7 años. 

“Después de que ya ha pasado la mitad de la pena condenatoria, solicitamos la situación de la medida, tras cumplir con los requisitos de ley”, dijo su abogada defensora Adriana Sánchez.  

Fue condenado por delitos concierto para delinquir, hurto simple, peculado por uso y asesoramiento al hacer parte de un grupo delictivo denominado Los Departamentales el cual  también era integrado por  Héctor Merardo Ramos Lozano, extécnico investigador II asignado a la unidad de Campoalegre, Jeison Esteven Acosta Ibarra, expolicía de la Sijín, y Wilfredo Antonio Cruz Triana. 

Se les atribuyen, la comisión de al menos, 10 hurtos cometidos bajo diferentes modalidades en diferentes partes del país. 

Un año de investigación permitió que se recopilaran más de 8.000 horas de grabación de llamadas interceptadas que evidenciaron la manera como se determinaba la participación ilícita de los hoy encartados en la organización delincuencial. 

A ‘Los Departamentales’ se les imputan hurtos departamentos del país, y se calculó que el monto de ilícito superó los 140’000.000 de pesos que estarían representados en joyas, mercancía, elementos de valor y dinero en efectivo. Estas acciones ilegales las habrían cometido entre el 2018 y 2019. 

Las zonas afectadas por esta organización fueron: Neiva, Timaná, Gigante, Garzón, Tarqui y Pital (Huila). Igualmente, los departamentos de Caquetá en las ciudades de Florencia y San Vicente del Caguán; Ibagué (Tolima); Cali (Valle del Cauca); Bogotá y Girardot (Cundinamarca), Santa Marta (Magdalena) y Maicao (La Guajira). 

Modo de operación 

Labores de policía judicial permitieron evidenciar como los condenados identificaban posibles objetivos a través de información entregada por cómplices quienes adelantaban actividades de seguimiento a las víctimas. 

En esa labor entregaban datos de las zonas en que se podrían cometer los delitos, y así verificar las condiciones de seguridad y factores de vulnerabilidad de los inmuebles. Preferían que en los bienes no hubiera moradores al momento del hurto, que tuvieran poca vigilancia privada, ni alarmas o cámaras de seguridad. 

Como parte de la logística los condenados planeaban las herramientas a utilizar, los roles que desempeñaría cada uno y la manera como se movilizarían hacia y desde los inmuebles objeto de hurto. 

Al llegar a los blancos del ilícito se recurría a la modalidad de ventosa, llave maestra, factor de oportunidad, atraco, violación de cerraduras y de cajas fuertes. El objetivo era apoderarse de dinero en efectivo (moneda nacional o extranjera), objetos de valor y de mercancías de toda clase. 

Durante el desarrollo de la investigación se evidenció además que los implicados se comunicaban a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, siempre mediante lenguaje cifrado. 

En otras conversaciones interceptadas se observa la planeación de los roles de cada integrante, los objetivos, los lugares de encuentro, los bienes y el dinero hurtado. Hablaban sobre nombres de personas, identificaciones, empleos, descripción de vehículos, rutas de desplazamiento, contactos, precios, cantidades, formas de ingreso y salida, fachadas, entre otros temas. 

La contundente labor de los funcionarios del CTI y de la Fiscalía especializada que lideró la investigación permitió concretar estos resultados para contrarrestar los actos delictivos dentro de la misma institución, todo en el marco de la política institucional del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su lucha frontal la corrupción. 

Las penas  que están purgando 

Héctor Engelberth Rodríguez Salazar, adscrito a la Dirección de Protección y Asistencia, fue condenado a 84 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, hurto simple, peculado por uso y asesoramiento ilegal, hoy se encuentra en prisión domiciliaria. 

“En su momento se logró hacer un preacuerdo con la Fiscalía Segunda Penal del Circuito Especializado y el Juzgado aprobó los preacuerdos por eso la pena no superó los 8 años, ya cumplió más de las tres cuartas partes y por eso tras la solicitud el juzgado le concede prisión domiciliaria, para terminar su sentencia condenatoria”, dijo la abogada Sánchez.

Las otras tres personas fueron condenadas por concierto para delinquir y hurto simple, según sus responsabilidades. 

Héctor Merardo Ramos Lozano, extécnico investigador II asignado a la unidad de Campoalegre, fue condenado a 66 meses de prisión. Obtuvo detención domiciliaria por razones de salud. 

Jeison Esteven Acosta Ibarra, expolicía de la Sijín, fue condenado a 90 meses de prisión.  

Wilfredo Antonio Cruz Triana, fue sentenciado a 90 meses de prisión. 

Los condenados fueron detenidos el 12 de septiembre de 2019 mediante ocho diligencias de allanamiento y registro en diferentes partes del país y fueron ejecutadas por el CTI de la Seccional Huila con el apoyo del Gaula Militar.