Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a diligencia de versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como parte de la indagación que se sigue por la denominada masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997; y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en febrero de 1998.
La diligencia se realizará por solicitud del expresidente Uribe Vélez, quien pidió formalmente ser escuchado en este proceso, que se sigue en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
La versión libre fue programada para el
próximo lunes 27 de noviembre. 3. Con relación a estos casos, la Fiscalía ha
realizado innumerables actividades investigativas y recopilado abundante
material de prueba para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos.
Masacre del Aro
Desde el 22 hasta el 31 de octubre de 1997, un grupo de aproximadamente 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) entre ellos tropas del DAS, todos bajo el mando de Isaías Montes Hernández, alias ‘Yunior’ y respaldados con un anillo de seguridad del Bloque Mineros del Bajo Cauca, comenzaron una serie de asesinatos desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro, en Ituango, Antioquia. Con lista en mano acusaron a pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros, posteriormente asesinaron y torturaron a 12 personas, desplazaron a otras 1472 hacia el resto del departamento, quemaron 42 de las 60 casas del pueblo, hurtaron 1200 reses y secuestraron a quienes les ayudaron a llevarlas.
Rubén Dario Pinilla, quien para entonces era presidente de la Sala Penal de Justicia, aseguró en una entrevista para Consejo de Redacción, que el alcalde de Ituango, José Milagros López, advirtió sobre la masacre a la Gobernación de Antioquia y a la IV Brigada del Ejército. Sin embargo, no se tomaron acciones para evitarla. Además, la población denunció que durante y después de la masacre estuvo totalmente desprotegida por la Fuerza Pública.
“La alianza que hubo entre paramilitares, militares y autoridades civiles es una cuestión que está fuera de toda duda, eso fue un acto coordinado con Estado y ejecutado en asociación con autoridades civiles, fuerza pública y paramilitares”, afirmó Pinilla.
Homicidio de Jesús María Valle
El abogado Jesús María Valle, en 1996, solicitó al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y al comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional que protegieran a la población civil. El 9 de diciembre de 1996 tras una reunión con Álvaro Uribe, el Defensor del Pueblo del departamento, Álvaro González, representantes de la población civil del municipio de Ituango, en cabeza del párroco del municipio y del concejal Jesús María Valle, se acordó implementar la figura de la ´Neutralidad activa’ de la población y el traslado a ese municipio de la Comisión Facilitadora de Paz, encabezada por el Dr. Jaime Jaramillo Panesso. Denunció las masacres de La Granja en 1996 y de El Aro en 1997.
El 27 de febrero de 1998 dos hombres armados ingresaron al despacho de Jesús María Valle Jaramillo en Medellín, donde también se encontraban Carlos Fernando Jaramillo Correa y Nelly Valle Jaramillo, hermana de Jesús María Valle. Posteriormente, entró una mujer, quien, junto con dos hombres, procedió a amarrar e inmovilizar a los rehenes.
Jesús María Valle fue asesinado mediante dos disparos a la cabeza y falleció instantáneamente. Tras la ejecución extrajudicial, la señora Valle y el señor Jaramillo Correa fueron arrastrados desde el despacho hasta la sala de la oficina. Allí fueron amenazados con armas de fuego. Los perpetradores abandonaron el despacho.
Carlos Fernando Jaramillo debió exiliarse por temor a las amenazas recibidas. Los elementos de juicio disponibles indican que el móvil del asesinato fue el de acallar las denuncias del defensor de derechos humanos Jesús María Valle sobre los crímenes perpetrados en el Municipio de Ituango por paramilitares en connivencia con miembros de la Fuerza Pública.
Transcurridos casi nueve años, fueron condenados a tres civiles, en ausencia, y no existen investigaciones judiciales orientadas a la determinación de responsabilidad alguna de agentes del Estado.
Por todo lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH alegó que el Estado es responsable por la supuesta ejecución extrajudicial del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo; la presunta detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes que le precedieron, en perjuicio del señor Valle Jaramillo, su hermana Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa; la [supuesta] falta de investigación y sanción de los responsables de tal hecho; la alegada falta de reparación adecuada en favor de las [presuntas] víctimas y sus familiares; y el supuesto desplazamiento forzado al que se vio obligado el señor Jaramillo Correa con posterioridad a los hechos.
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