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lunes, 15 de mayo de 2023

PROCURADURÍA INVESTIGA A EXALCALDE DE TESALIA

Habría motivado su comisión para asistir a un evento en la capital de Bolívar al que no fue invitado, ni asistió.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exalcalde de Tesalia, Huila, Fabio Ramírez (2016 – 2019), por incurrir en una aparente falsedad en documento público para justificar un desplazamiento a las ciudades de Bogotá y Cartagena.   

Por los mismos hechos, el órgano de control profirió pliego de cargos contra el exsecretario general del municipio y alcalde encargado para la fecha en la que ocurrieron los hechos, Favio Andrey Cuéllar Brand (2016 – 2018).

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, investiga a Ramírez poque habría tramitado la comisión y pago de viáticos para asistir a la reunión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OCAD-, que se llevaría a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 2017, en Cartagena, a pesar de que el municipio aparentemente no había sido invitado a ese encuentro.

Además, en la misma comisión indicó que un día después sostendría reuniones con funcionarios del Ministerio de Hacienda, en Bogotá, con el fin de gestionar recursos para el municipio, encuentros que al parecer en ningún momento se produjeron.

Para el órgano de control, Ramírez aparentemente “consignó en documentos públicos (la comisión de servicios y el encargo de Cuéllar Brand como alcalde), afirmaciones contrarias a la verdad, pues el municipio no fue citado oficialmente como miembro de la OCAD para asistir a Cartagena, ni existe evidencia certificada por el Ministerio de Hacienda de que el investigado hubiese asistido a esa cartera a realizar algún trámite entre el 4 y el 6 de septiembre de 2017”.

Por su parte, Cuéllar Brand, en calidad de alcalde (e) durante los días que duró la comisión, habría sido el encargado de revisar y autorizar la comisión, así como de ordenar el pago de algunos viáticos y reservas para cubrir el desplazamiento del mandatario local a las dos ciudades.

Por esos hechos, la Procuraduría señaló que los funcionarios habrían vulnerado los principios de la moralidad, economía y transparencia de la función pública, y calificó su aparente conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.

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