Un llamado urgente hizo las autoridades administrativas de Huila y Caquetá, frente la ejecución del contrato de la vía Florencia – Suaza – Altamira, las obras están suspendidas por líos legales.
El anuncio se realizó en desarrollo de una mesa de trabajo, representantes de diferentes entidades y la institucionalidad, convocada por la Personería Municipal de Florencia y a la que asistieron el gobernador y autoridades regionales; alertaron al Ministerio Público, sobre la difícil situación que se presenta en este corredor vial.
De acuerdo a la Personera de la ciudad de Florencia Lizeth Yamile Ocampo Carvajal, este contrato no se ha podido ejecutar, toda vez que se encuentra suspendido como consecuencia de una medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de una acción popular interpuesta por la Procuraduría, a fin de salvaguardar algunos derechos como la moralidad administrativa.
Por lo anterior, las diferentes entidades sumaron esfuerzos para lograr se dé vía libre al contrato de 44.000 millones de pesos para que se pueda ejecutar y así solucionar tantos inconvenientes que se presentan sobre ese tramo.
El mandatario de los caqueteños Arnulfo Gasca se comprometió a adelantar las gestiones necesarias para lograr intervenir, dialogar y exponer la situación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y velar porque no se vean vulnerados los derechos, especialmente el de la movilidad.
Gustavo Ortega, Coordinador de la Gestión del Riesgo Departamental, señaló “que se hace necesario que ese contrato sea adjudicado a otra persona con el fin de poder arreglar esta vía que presenta varios tramos con dificultad especialmente en el km 80+100 km 42+600 52+300 y en el km 21+400”.
Finalmente,
en esta mesa de trabajo se exhortó al INVÍAS regional, a defender ese proceso
que ellos tienen en la ejecución del contrato y poderle demostrar a la
magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que esa medida cautelar
se puede levantar sin que haya perjuicio a la moralidad pública o la administración de
esos recursos. Lo mismo hará la Defensoría del Pueblo que buscará agendar el
tema a nivel nacional.
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