En la noche del sábado 30 de septiembre Infobae Colombia conoció un comunicado de Diego Henao, el nuevo apoderado de Nicolás Petro, primogénito del presidente de la República, con el que reiteró que no cuentan con garantías por parte de la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal que le llevan por lavado de activos y enriquecimiento ilícito al, supuestamente, haberse apropiado de un dinero que se donó a la campaña del hoy jefe de Estado y que provenía de cuestionados personajes de la Costa Caribe.
De acuerdo con el jurista, la filtración a la revista Semana de los apartes de la grabación del interrogatorio que le realizaron a su defendido comprueba que el ente acusador actúa deforma desequilibrada en ese caso y con un interés político, no para hacer justicia.
“Un medio de comunicación tiene y publica un video nunca entregado a la defensa por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, esto demuestra que el ente acusador no tiene la capacidad para garantizar la reserva de sus propios elementos, o los está filtrando de manera deliberada. Dada la connotación política, más que jurídica de este caso, es claro que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no quiere o no puede ofrecer las mínimas garantías procesales y el respeto por los Derechos Humanos de mi defendido (sic)”, indicó.
El jurista aseguró que era una práctica sistemática del mencionado organismo presionar a las personas que investiga con la detención preventiva como método de investigación y de esta forma conseguir delaciones, confesiones y preacuerdos.
“El país observó que mediante un exceso de fuerza el doctor NICOLÁS PETRO BURGOS, fue capturado y trasladado de Barranquilla a Bogotá, para realizar una audiencia virtual, donde la FISCALÍA DELEGADA no tuvo los elementos para sustentar la medida de aseguramiento que pretendía y por el contrario el JUEZ DE CONTROL GARANTÍAS CONSTITUCIONALES que llevo a cabo la referida audiencia ordeno la libertad inmediata (sic)”, agregó.
Incluso sostuvo que dicha práctica de la Fiscalía colombiana para llegar a confesiones o negociaciones coaccionadas había sido criticada desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estas prácticas cuestionables han sido consideradas en el mundo jurídico, y refrendadas por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDE), como formas modernas de tortura porque se somete al procesado a juicios mediáticos, custodias, capturas, traslados y otros mecanismos de presión física y psicológica que lo obliga a negociar con su libertad, aceptando incluso delitos no cometidos (sic)”, reiteró.
Henao hizo hincapié en lo que había señalado en Infobae Colombia, en la mañana del sábado, que el preacuerdo al que había llegado el vástago presidencial carecía de validez porque se denotaba una directriz para el fiscal del caso de judicializar a su defendido.
“Los acuerdos judiciales o principios de oportunidad deben ser perfeccionados para su plena validez, en caso de que estos no llegaren a perfeccionarse por cualquier circunstancia es ilegal usarlos de cualquier manera. La defensa del doctor NICOLÁS PETRO BURGOS reclama lealtad e igualdad en el uso de las armas jurídicas por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como lo ordena, el sistema acusatorio, la normatividad procesal, legal y constitucional vigentes (sic)”, concluyó el comunicado.
El jurista aseguró, más temprano, que aunque hubo esta presunta irregularidad de las presiones indebidas en contra el hijo mayor de Gustavo Petro, su cliente está dispuesto colaborar en el proceso.
“Siempre ha estado el ánimo de cooperar, y eso es lo que siempre se quiere dejar claro. La sensación en la gente es que Nicolás Petro dejó de colaborar, de que está incumpliendo, que se está burlando de la justicia, que dejó de cumplir con su palabra. Nicolás Petro se presentó a todas las diligencias a las que la Fiscalía lo citó, solo a una no lo hizo y es lo que quiero dejar claridad, y asumo esa responsabilidad, fui yo el que solicitó el aplazamiento de la diligencia”, afirmó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario