Con el fin de
verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, un grupo de
inspectores del Ministerio del Trabajo adelantará, desde hoy y hasta el próximo
21 de septiembre, inspecciones a distintos puntos de la ciudad donde se
concentran la mayoría de los 150 mil repartidores de la plataforma.
Según el auto
0022, de la Unidad de Investigaciones Especiales, “se ordena diligencias
de carácter administrativo laboral, el día veinte (20) y veintiuno (21) de
septiembre del 2023 a partir de las 8:00 a. m., a la empresa RAPPI SAS, en sus
agencias, sucursales o centro de acopio o despacho, o en lugares donde el
personal que participa de la actividad esté cumpliendo la labor”, anota
el oficio.
Para la ministra
del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, la labor que cumplen las y los
trabajadores de la plataforma digital, no puede ser precaria y se deben
garantizar los derechos laborales.
“Se trata de
llevar al centro al ser humano, al trabajador o a la trabajadora. Las
inspecciones que se adelantan nos permiten conocer, de primera mano, las
condiciones reales de las y los repartidores con el fin de llevarlas a las
mesas de diálogo que adelantamos con las directivas de Rappi y el sindicato de
plataformas digitales de reparto. En nuestro proyecto de reforma laboral,
precisamente llevamos un capítulo dedicado a estas nuevas formas de trabajo,
con lo que buscamos la formalización y creación de empleo digno y decente en
las plataformas de reparto”, puntualizó la jefa de la cartera laboral.
El viceministro
de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, quien acompaña las
visitas en distintos puntos del país, explicó que el material probatorio
recaudado durante las inspecciones será expuesto en la mesa de diálogo para
buscar soluciones.
“Estamos en las
calles promoviendo el derecho de asociación, les estamos diciendo: ustedes son
trabajadores y trabajadoras y tienen derecho a hacer parte de las
organizaciones sindicales para canalizar sus reclamos y quejas que serán
escuchadas por el Gobierno”, puntualizó Palma.
Las inspecciones
se adelantan tras realizar un proceso administrativo sobre varias querellas
radicadas en el Ministerio donde las y los trabajadores solicitaron la
verificación de sus condiciones.
“No tenemos
seguridad social, ni seguridad y salud en el trabajo, sufrimos de violencia de
género, no tenemos derecho al debido proceso ni condiciones dignas para
trabajar”, puntualizó Luz Miryam Fique, presidenta de la Unión de Trabajadores
de Plataformas Digitales, Unidapp.
Para algunos
repartidores sus condiciones laborales son precarias y no cuentan con la
protección adecuada para llevar a cabo su labor, así lo cuenta Arnobis Fabra,
quien lleva varios meses como rappitendero.
“Tenemos unas
condiciones pésimas, las maletas toca comprarlas, la gasolina y el
mantenimiento de nuestros vehículos es por nuestra cuenta, Rappi no aporta
nada, tan solo nos pagan 2.800 pesos por llevar pedidos a unas distancias
extremas y si tenemos un accidente nadie responde”, explicó el trabajador.
Según el auto del Ministerio del Trabajo, durante las diligencias de carácter administrativo laboral se seleccionarán tanto en la cantidad como en la individualización en forma aleatoria o a discreción por parte del inspector, a las y los trabajadores de las empresas investigadas, con fin de escucharlos en versión libre o declaración juramentada.
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