EXGOBERNADOR DEL PUTUMAYO FUE IMPUTADO POR LA FISCALÍA.

Fue acusado por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en un contrato suscrito al final de su administración, entre 2012 y 2015. El proceso está relacionado con la construcción del alcantarillado sanitario de la vereda La Güisita, en San Miguel, obra adjudicada en septiembre de 2015 por un valor superior a 666 millones de pesos.

Los investigadores señalan que la licitación pública se habría tramitado sin los estudios previos exigidos por la ley, pese a que los recursos destinados provenían del Sistema General de Participación de los rubros de acueducto y saneamiento ambiental. Tras la descertificación del municipio por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Gobernación quedó encargada de administrar estos fondos, lo que obligaba a un manejo estricto de la disponibilidad presupuestal.

La Fiscalía también identificó una actuación adicional: el 1 de diciembre de 2015, un mes antes de dejar el cargo, Díaz Burbano habría modificado el contrato para adicionar 200 millones de pesos en favor del contratista. La justificación alegada fue la construcción de una planta compacta para el tratamiento de aguas residuales, pero las evidencias indican que ese componente ya estaba incluido en el contrato inicial.

Con base en estos hallazgos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exmandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Díaz Burbano no aceptó los cargos.