El predio de 2.096 metros cuadrados, ubicado en el centro de Pitalito y entregado a EMPITALITO mediante el Acuerdo Municipal 035 de 2001, está en el medio de una controversia jurídica por la intención de permutarlo.
El veedor ciudadano José
Roberto Cajiao radicó una acción popular ante los juzgados administrativos de
Neiva, con solicitud de medida cautelar urgente, para intentar frenar cualquier
decisión que permita entregar o enajenar el inmueble. La demanda advierte
posibles irregularidades administrativas, disciplinarias, fiscales y penales,
mientras cuestiona las competencias de la Junta Directiva de la empresa, el
papel de la Alcaldía y el Concejo Municipal.
POR: RODRIGO ROJAS GARZÓN
Periodista Huila Hoy
prensarodrigorojasg@gmail.com
La controversia por el futuro
del antiguo lote de EMPITALITO, uno de los bienes públicos de mayor relevancia
en el centro de Pitalito, llegó a los estrados judiciales. El veedor ciudadano
José Roberto Cajiao interpuso una acción popular contra la Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios de Pitalito (EMPITALITO E.S.P.) y el Municipio de
Pitalito, al considerar que las actuaciones encaminadas a permutar el predio
podrían poner en riesgo la moralidad administrativa y el patrimonio público.
La demanda, fechada el 6 de
noviembre de 2026 y enviada para reparto judicial, solicita una medida cautelar
de urgencia extrema que suspenda cualquier actuación dirigida a aprobar la
permuta, cesión o enajenación del inmueble. Sin embargo, es importante precisar
que la presentación de la acción no significa que un juez haya admitido la
demanda o concedido la medida solicitada.
Un predio con
condiciones establecidas desde 2001
El inmueble objeto de la
controversia tiene un área de 2.096 metros cuadrados y está identificado con la
referencia catastral 010101390001000, con ubicación en la calle 6 No. 7-23 y
carrera 8 No. 5-74.
Según la documentación
aportada por el accionante, el Acuerdo Municipal 035 del 27 de agosto de 2001
facultó al Ejecutivo municipal para ceder gratuitamente el terreno a
EMPITALITO. No obstante, el acuerdo estableció una condición expresa: el predio
debía destinarse exclusivamente al funcionamiento de la sede administrativa de
la empresa.
El mismo documento incluyó una
cláusula de reversión a favor del Municipio en caso de privatización o cambio
en la naturaleza de la empresa.
El avalúo histórico citado en
la demanda fue de aproximadamente 260 millones de pesos en 2001. Por tratarse
de un valor de hace 25 años, no puede utilizarse como referencia del precio
actual del inmueble. De igual manera, las estimaciones que ubican su valor
presente alrededor de los 9.000 millones de pesos requieren un avalúo comercial
actualizado e independiente.
El punto jurídico central
consiste en establecer si la destinación específica impuesta por el Concejo
continúa vigente y qué procedimiento, autorizaciones y competencias deben
cumplirse antes de tomar una decisión sobre el futuro del bien.
La sesión del 4 de
noviembre y los votos que generaron controversia
Uno de los apartados más
delicados de la acción popular se refiere a la sesión de la Junta Directiva de
EMPITALITO realizada el 4 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el relato del
accionante, durante esa reunión se presentaron 13 alternativas jurídicas y
técnicas elaboradas por la firma Ricci Abogados S.A.S., contratada mediante el
contrato de prestación de servicios 032 de 2026, por un valor de 42 millones
840 mil pesos.
La demanda sostiene que el
alcalde de Pitalito, Yider Luna Joven, en su condición de presidente de la
Junta Directiva, propuso adoptar una decisión inmediata para aprobar la permuta
del inmueble.
Según el documento, tres
integrantes dejaron constancia de su voto favorable: el alcalde, el secretario
de Planeación, Víctor Jadir Pérez Méndez, y la representante de la comuna 4,
Adriana Guerra. La propuesta no habría prosperado debido a los cuatro votos en
contra de Rómulo Calderón, Luis Quinayas, Flérida Anacona y el vocal de control
Elmer Pardo.
El accionante afirma que la
decisión definitiva fue aplazada y quedó prevista para el miércoles 11 de
noviembre. Por eso considera que existe un riesgo de que se adopten decisiones
que comprometan la titularidad del predio.
Estas afirmaciones
corresponden a la versión presentada en la demanda y deben contrastarse con el
acta íntegra de la Junta Directiva, los documentos técnicos y jurídicos
expuestos en la reunión y las explicaciones de los funcionarios involucrados.
El contrato de asesoría
también queda bajo cuestionamiento
Otro aspecto que merece
especial atención es el contrato 032 de 2026, celebrado entre EMPITALITO y
Ricci Abogados S.A.S.
La demanda cuestiona que el
objeto contractual incluya acompañamiento jurídico en los trámites de
enajenación, venta o permuta del inmueble. Para el accionante, esa contratación
podría evidenciar que se estructuró anticipadamente una operación cuya viabilidad
jurídica todavía debía establecerse.
Aquí surge una pregunta que la
empresa debe responder con claridad: ¿el contrato tenía como finalidad estudiar
diferentes alternativas, determinar si alguna era legalmente viable y
recomendar la mejor opción para EMPITALITO, o se orientó a facilitar una operación
previamente definida?
La diferencia es sustancial.
Contratar asesoría jurídica para estudiar opciones no constituye, por sí mismo,
una irregularidad. Sin embargo, si se demostrara que se diseñaron mecanismos
para desconocer una restricción legal vigente o evadir competencias del Concejo
Municipal, el asunto podría adquirir otras dimensiones administrativas y
judiciales.
¿Qué posibles delitos y
responsabilidades se mencionan?
La acción popular plantea un
escenario de posibles responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias si
se llegara a demostrar que las decisiones sobre el predio desconocieron las
disposiciones legales y ocasionaron un daño al patrimonio público.
Entre las conductas que el
accionante considera que podrían ser investigadas se encuentran:
- Prevaricato por acción
(artículo 413 del Código Penal): podría examinarse si un servidor público
expidiera una decisión manifiestamente contraria a la ley. No basta con que
exista una diferencia de interpretación jurídica; deben acreditarse los elementos
exigidos por la norma.
- Contrato sin cumplimiento de
requisitos legales (artículo 410): la demanda lo plantea frente a una eventual
operación contractual que prescindiera de requisitos esenciales. Su
configuración dependería de establecer qué contrato se celebró, cuáles requisitos
eran obligatorios y si fueron omitidos.
- Peculado por aplicación
oficial diferente o por apropiación (artículos 399 y 397): son hipótesis
mencionadas por el accionante ante la posibilidad de que el bien público fuera
utilizado o dispuesto de manera contraria a su destinación. No se configuran
automáticamente por una propuesta de permuta.
- Fraude procesal (artículo
453): se menciona como una eventual hipótesis si se intentara obtener una
escritura o registro mediante maniobras fraudulentas. Para hablar de este
delito tendrían que probarse sus elementos específicos.
Además, podría existir
responsabilidad disciplinaria si se comprobara que servidores públicos actuaron
por fuera de sus competencias, desconocieron sus deberes funcionales o
participaron en decisiones contrarias al ordenamiento jurídico.
En el ámbito fiscal, la
Contraloría podría evaluar si una eventual operación ocasionó un detrimento
patrimonial, siempre que se acrediten un daño al patrimonio público, una
conducta atribuible y los demás requisitos legales.
Una precisión fundamental:
ninguno de estos delitos está demostrado por el solo contenido de la demanda.
Se trata de hipótesis jurídicas formuladas por el accionante y que, de ser
procedente, tendrían que ser investigadas por las autoridades competentes.
Tampoco puede atribuirse responsabilidad penal o disciplinaria al alcalde, a
los integrantes de la Junta Directiva o al contratista sin las correspondientes
actuaciones y decisiones de las autoridades.
Las alertas preventivas que ya
estaban sobre la mesa
La demanda también relaciona actuaciones anteriores de organismos de control.
Según el documento, la
Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, mediante oficio del 26 de
junio de 2026, inició una actuación preventiva y solicitó información a la
Gerencia de EMPITALITO sobre el estado del trámite de eventual enajenación y
los soportes del contrato de asesoría jurídica.
Asimismo, señala que la
Personería Municipal de Pitalito, mediante comunicación del 25 de junio de
2026, abrió una acción preventiva y requirió información sobre la situación
jurídica y administrativa del inmueble.
Otro elemento mencionado es la
comunicación CMPH 084 del 23 de junio de 2026, mediante la cual, según la
demanda, la Presidencia del Concejo Municipal certificó que hasta esa fecha no
se había radicado, presentado, debatido ni tramitado un proyecto de acuerdo
relacionado con la venta, enajenación, transferencia o permuta del predio.
Estos antecedentes hacen más
exigente la obligación de explicar públicamente qué actuaciones se han
adelantado y cuáles son sus fundamentos jurídicos. Las actuaciones preventivas
de la Procuraduría y la Personería no equivalen a una declaración de responsabilidad,
pero sí evidencian que las inquietudes sobre el inmueble ya habían llegado a
los organismos de control.
La medida cautelar: el
intento de evitar una decisión irreversible
En sus pretensiones, José
Roberto Cajiao solicita al juez administrativo que declare la existencia de una
amenaza contra los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la
defensa del patrimonio público.
También pide que se ordene a
EMPITALITO, su Junta Directiva y la Alcaldía abstenerse de suscribir contratos,
promesas de compraventa, escrituras o cualquier acto que comprometa la
titularidad del predio, hasta que el Concejo Municipal adopte una decisión
sobre el levantamiento de la destinación específica.
La solicitud más urgente es
suspender provisionalmente cualquier actuación relacionada con la aprobación de
la permuta o enajenación.
El argumento del accionante es
que, si se adopta una decisión y posteriormente se firma y registra una
escritura pública, podría producirse una situación difícil de revertir. Esa es
la razón por la que pide una intervención judicial antes de que se materialice
el negocio.
No obstante, corresponde al
juez evaluar si se cumplen los requisitos legales para decretar la medida
cautelar y determinar si las pruebas aportadas justifican una intervención
inmediata.
El patrimonio público
no puede manejarse con intereses particulares
El caso plantea un debate que
va más allá de una eventual permuta inmobiliaria. Se trata de establecer cómo
debe administrarse un bien entregado por el Municipio a una empresa pública
bajo condiciones expresas y qué autoridad tiene la competencia para modificar
su destinación.
La administración municipal y
EMPITALITO tienen la responsabilidad de explicar, con documentos y argumentos
verificables, por qué consideran viable la operación, qué beneficios concretos
representaría para la empresa y para los usuarios, cuál sería el valor
comercial del inmueble y del bien que eventualmente recibiría a cambio, y qué
autorizaciones se requieren.
También deben aclarar si
existe un estudio de conveniencia que demuestre que la permuta representa una
ventaja real para la empresa y no una pérdida de valor para el patrimonio
municipal. Una operación de esta magnitud no puede justificarse únicamente con
argumentos de modernización, traslado de oficinas o conveniencia
administrativa. Debe demostrar legalidad, transparencia, necesidad y beneficio
público.
El concejo no puede ser
convidado de piedra ni testigo mudo
Por su parte, el Concejo
Municipal debe ejercer su función de control político y precisar el alcance del
Acuerdo 035 de 2001, mientras los organismos de control deben hacer seguimiento
a las alertas que ya fueron presentadas.
La acción popular pone sobre
la mesa preguntas que no deberían resolverse mediante enfrentamientos políticos
ni señalamientos personales, sino con transparencia y rigor jurídico. Si la
permuta es legal y conveniente, la administración tiene la oportunidad de
demostrarlo públicamente. Pero si existen restricciones que impiden disponer
del inmueble o si se intentó avanzar sin las autorizaciones correspondientes,
las autoridades deberán actuar para evitar que se comprometan los recursos de
todos los laboyanos.
La defensa del patrimonio
público exige algo más que explicaciones posteriores: requiere decisiones
ajustadas a la ley, estudios independientes serios donde el beneficiado es el
municipio y no los intereses del mandatario de turno, información abierta y
respeto por las competencias institucionales. En este caso, la ciudadanía tiene
derecho a conocer qué se pretende hacer con un terreno de alto valor
estratégico para Pitalito y, sobre todo, a tener la certeza de que ninguna
operación o negociación se realizará por debajo de la mesa y por encima de la
ley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario