TIERREROS A RESPONDER ANTE LA JUSTICIA

Están promoviendo 17 urbanizaciones ilegales, fueron denunciadas.

 Ante la Fiscalía General de la Nación fueron denunciados por lo menos unas diez personas que se han dedicado en el municipio de Pitalito al volteo de tierras, de manera ilegal están vendiendo lotes diestra y siniestra en el área rural o suburbana. Pese a las quejas formalmente radicadas, se solicita más celeridad en la investigación y dar resultados.  

Por Rodrigo Rojas Garzón

Oscar Cuellar corregidor de Charguayaco en el municipio de Pitalito asegura que como autoridades administrativas y de policía,  tienen identificados 17 proyectos de vivienda, urbanismo ilegal, los tierreros están dividiendo y vendiendo lotes sin tener, ni planos aprobados y menos la licencia por parte de la secretaria de Planeación Municipal.

 

Es una conducta claramente delictiva, como tipifica Código Penal en su artículo 318, donde advierte que: El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

  

Cuando se trate de personas jurídicas, incurrirán en las sanciones previstas en los incisos anteriores, sus representantes legales y los miembros de la junta directiva cuando hayan participado en la decisión que traiga como consecuencia la conducta infractora descrita.

La pena privativa de la libertad señalada anteriormente se aumentará hasta en la mitad cuando la parcelación, urbanización o construcción de viviendas se efectúen en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, de reserva para la construcción de obras públicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales.

El servidor público que dentro del territorio de su jurisdicción y en razón de su competencia, con acción u omisión diere lugar a la ejecución de los hechos señalados en los incisos 1 y 2 del presente artículo, incurrirá en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses, sin perjuicio de las demás sanciones penales a que hubiere lugar por el desarrollo de su conducta.

“Esto implica que tengamos que hacer control porque no podemos seguir permitiendo que se siga inundando nuestro sector campesino, con urbanismo que no cumple con los requisitos para su legalidad”. 

Señala que son muchos los incautos comprando lotes, que no van a tener escrituras, menos servicios públicos, generando contaminación ambiental y promoviendo la inseguridad, vulnerando el Plan de Ordenamiento Territorial.

“Vamos a iniciar los controles sí o sí, sin mirar para atrás. Sabemos que las anteriores fueron muy permisivas; pero eso se detiene, denunciando y haciendo público, pedirle a la Fiscalía que hagan lo que les corresponde y actúen” Pidió Cuellar.

Las urbanizaciones ilegales, principalmente, se denuncian en los corregimientos de Charguayaco, Bruselas y Regueros.