El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva vinculó al Concejo Municipal de Pitalito, la CAM y la Gobernación del Huila a la acción popular que busca la protección de los derechos colectivos relacionados con el Parque de La Valvanera.
La decisión judicial pone bajo revisión las actuaciones administrativas relacionadas con el parque, incluida la exclusión de este espacio de la lista de bienes patrimonialmente protegidos mediante el Acuerdo 023 de 2021. Las entidades vinculadas deberán ejercer su defensa y aportar los elementos necesarios para esclarecer los hechos.
Por: Redacción Pitalito
El debate jurídico por la protección del Parque adjunto al Santuario de La Valvanera, en Pitalito, suma nuevos actores institucionales. El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva ordenó vincular al Concejo Municipal, a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y al Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, a una acción popular que busca la protección de derechos e intereses colectivos presuntamente afectados.
La decisión quedó consignada en un auto del 16 de octubre de 2026, dentro del proceso promovido por José Roberto Cajiao Falla, Geovanny Rojas Mosquera y Marco Augusto Bravo Castaño contra el Municipio de Pitalito y otros actores.
La providencia busca que las entidades cuyas actuaciones guardan relación con los hechos debatidos comparezcan al proceso, ejerzan su derecho de defensa y aporten información que permita al despacho judicial analizar integralmente la situación del parque.
El Acuerdo 023 de 2021, en el centro de la discusión
Uno de los puntos relevantes de la decisión es la vinculación del Concejo Municipal de Pitalito, corporación que expidió el Acuerdo 023 del 21 de junio de 2021, mediante el cual se excluyó al Parque de La Valvanera como bien patrimonialmente protegido.
Según el auto judicial, el propio acuerdo señala que la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación del Huila efectuó el estudio técnico que sirvió de fundamento para esa exclusión. Por esta razón, el juzgado consideró necesaria la comparecencia tanto del Concejo como de la Gobernación del Huila para que defiendan las actuaciones relacionadas con la decisión administrativa.
En consecuencia, el Concejo deberá explicar los fundamentos jurídicos y administrativos del acuerdo cuestionado y aportar los antecedentes y soportes que correspondan. La documentación técnica que sustentó la exclusión será relevante para esclarecer cómo se adoptó la decisión y cuál fue el procedimiento seguido.
La vinculación no significa que el juzgado haya declarado ilegal el acuerdo ni que haya establecido responsabilidades de sus integrantes. Significa que la actuación será examinada dentro del proceso y que las entidades involucradas tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.
La CAM también deberá responder por sus actuaciones ambientales
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena fue vinculada a solicitud del Municipio de Pitalito, que señaló su participación en actuaciones relacionadas con el componente arbóreo del parque.
De acuerdo con los antecedentes recogidos por el juzgado, la CAM realizó una visita técnica el 13 de abril de 2026 y, mediante radicado del 23 de abril del mismo año, autorizó el aprovechamiento de dos individuos de la especie Araucaria excelsa, al considerar que existían condiciones de riesgo relacionadas con el arbolado.
La autorización incluyó obligaciones de compensación forestal. El municipio informó, además, sobre la entrega de 40 individuos forestales como medida compensatoria.
Estos antecedentes fueron considerados por el despacho para disponer la vinculación de la autoridad ambiental, de manera que pueda explicar sus actuaciones y aportar los documentos técnicos correspondientes. La decisión tampoco constituye una declaración anticipada de responsabilidad de la CAM.
¿Qué reclama la acción popular?
La acción judicial busca la protección de varios derechos e intereses colectivos que los demandantes consideran presuntamente vulnerados o amenazados.
Entre los asuntos expuestos en la demanda figuran la tala de árboles de la especie araucaria, la protección del espacio público, la defensa del patrimonio cultural e histórico de Pitalito, la integridad del patrimonio público y el cumplimiento de las normas aplicables a las construcciones y desarrollos urbanísticos.
Los accionantes también cuestionan actuaciones administrativas relacionadas con una transferencia de recursos por $1.104 millones a Corpoagrocentro y con una licencia de ocupación, asuntos que forman parte de las controversias descritas en el expediente.
Se trata de cuestionamientos formulados dentro de la acción popular, no de irregularidades que el juzgado haya declarado probadas en el auto de vinculación.
Diez días para contestar y solicitar pruebas
La providencia ordena notificar a las entidades vinculadas y advierte que disponen de diez días, contados conforme a las reglas procesales aplicables a partir de la notificación, para contestar y solicitar la práctica de pruebas.
Ese término abre una etapa importante para que el Concejo Municipal, la Gobernación del Huila y la CAM presenten sus explicaciones, alleguen antecedentes y sustenten las decisiones o actuaciones que les corresponden.
La información que aporten permitirá al juzgado contar con mayores elementos para estudiar las controversias planteadas y determinar, en las etapas correspondientes, las medidas que resulten procedentes para la protección de los derechos colectivos invocados.
La vinculación del Concejo Municipal de Pitalito, la CAM y el Departamento del Huila amplía el alcance institucional de la acción popular por el Parque de La Valvanera. El proceso deberá esclarecer los fundamentos de la exclusión patrimonial aprobada en 2021, las actuaciones ambientales relacionadas con las araucarias y los demás cuestionamientos formulados por los demandantes.
Más allá de las controversias jurídicas, el caso pone sobre la mesa la importancia de la transparencia en las decisiones que afectan los espacios públicos y el patrimonio cultural. La ciudadanía tendrá que esperar el desarrollo del proceso para conocer las conclusiones judiciales, mientras las entidades vinculadas deberán sustentar documentalmente sus actuaciones ante el despacho.
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