Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, visitó de cuatro días los departamentos de Huila y Caquetá, para analizar la cruda realidad en materia de seguridad y violencia que se registra en la región.
Por presión de grupos armados no estatales y una
débil presencia del Estado, las comunidades rurales en los departamentos
de Huila y Caquetá se encuentran en alerta máxima y bajo una amenaza constante.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos ha lanzado un enérgico llamado frente a la
escalada de violencia, que incluye amenazas, agresiones y ataques directos
contra la población civil.
La situación, calificada como crítica, evidencia un
profundo vacío del Estado en zonas rurales, un terreno fértil para que los
grupos armados no estatales (disidencias de las FARC), impongan su ley a través del terror. "La
semana pasada vi el miedo en sus ojos. Los liderazgos sociales están
acorralados", afirmó Scott Campbell, representante en Colombia del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, tras una visita de cuatro días
a la región.
Campbell, quien lideró una misión junto a la oficina de la ONU en Neiva, describió un panorama desolador: "Son privados de sus libertades a opinar o a moverse en el territorio; hay amenazas, homicidios y desconfianza para denunciar ante las autoridades; hay extorsiones; los niños, las niñas y los adolescentes están siendo reclutados; no tienen paz".
El testimonio de los líderes comunitarios es
escalofriante. Varios de ellos han confesado a la delegación de la ONU haber
sido declarados "objetivo militar" por estos grupos. "Los grupos
armados no estatales nos dicen a los liderazgos: 'ustedes organizan las cosas
como queremos o las organizamos nosotros'", relató una de las personas
afectadas, cuya identidad se protege por seguridad.
La zozobra se ha apoderado de la vida cotidiana. Actividades tan simples como ir a la huerta, asistir a la escuela o simplemente caminar por el territorio se han convertido en actos de valentía. "Los grupos armados saben por dónde nos movemos, qué hacemos y con quién hablamos. Tienen los nombres y teléfonos de todos nosotros", añadieron. La principal demanda de estas comunidades es clara: "Necesitamos una ruta de paz, en la que los actores armados no puedan entrar al territorio, y en la que el Estado nos garantice nuestros derechos".
Uno de los aspectos más alarmantes es el aumento
del reclutamiento de menores de 18 años. El subregistro de casos es alto, ya
que las familias temen denunciar por posibles represalias. "A una niña se
la llevaron y los grupos insisten que a partir de los 15 años los niños y las
niñas son de ellos", explicó Campbell.
Los grupos armados han llegado al extremo de visitar escuelas y colegios para identificar a sus próximas víctimas, aprovechándose de la vulnerabilidad de los jóvenes. "Por WhatsApp averiguan cómo es la situación familiar, si tienen papá o mamá, y se llevan primero a los más vulnerables", detalló el representante de la ONU, añadiendo que también se reportan desapariciones temporales de niñas que son llevadas por estos grupos.
Frente a esta crisis humanitaria, la Oficina de la
ONU para los Derechos Humanos ha hecho un llamado contundente al Estado
colombiano para que tome medidas eficaces que protejan a la población civil y a
sus líderes. Un ejemplo palpable de la coacción ocurrió el pasado 18 de
septiembre en Belén, La Plata (Huila), donde cerca de mil personas fueron
obligadas a manifestarse para exigir la retirada del Ejército, bajo amenaza del
grupo armado local.
"Instamos a las autoridades a proteger y a no
estigmatizar a la población civil que se encuentra 'atrapada' y bajo amenaza de
muerte por estos grupos", enfatizó Campbell. El llamado se extiende a los
grupos armados no estatales, a quienes se les urge a respetar a la población
civil y a liberar a todos los menores de 18 años que tienen en su poder.
Las cifras respaldan la gravedad de la situación: en lo que va de 2025, la ONU Derechos Humanos ha verificado el homicidio de tres defensores de derechos humanos en Huila y dos en Caquetá.
En su visita, Scott Campbell se reunió con
autoridades civiles y militares, incluyendo al Gobernador del Huila, Rodrigo
Villalba. En este encuentro, se abordó la política pública contra el
reclutamiento forzado y se trasladaron las peticiones de las comunidades para
garantizar derechos básicos como la educación en zonas rurales.
Como un paso positivo, la Oficina de la ONU
reconoce la instalación de un Comité Departamental para la Prevención del
Reclutamiento Forzado de Niños y Niñas en Huila y un plan de acción, aunque
subraya la necesidad de asegurar la financiación necesaria para su
implementación.
Las comunidades, por su parte, insisten en que la
solución no es solo militar. "Nosotros necesitamos lugares para hacer
deporte, centros de cultura, agua potable, baños, educación y trabajo",
señalaron. Las mujeres lideresas también pidieron un mayor reconocimiento a su
rol en la construcción de la paz territorial. Mientras tanto, la zozobra y el
miedo continúan siendo el pan de cada día para miles de personas que claman por
una presencia estatal integral y duradera.
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