“Esta es una situación compleja que urge ser atendida no solo porque la falta de alimentos podría generar una grave vulneración a los derechos humanos, también porque existe un alto riesgo de que sea afectado el orden público a causa de una posible parálisis alimentaria”, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El informe de la Defensoría, elaborado por su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, revela también que 22.659 personas se encuentran privadas de la libertad en Centros de Detención Transitoria en el país; de ese número, el 75% recibe alimentación por la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (USPEC), entidad que la suministra pese a que el deber legal les corresponde a los municipios y departamentos.
El informe dice que en las mesas penitenciarias lideradas por la Defensoría y la Procuraduría, la USPEC manifestó no querer continuar, desde finales del siguiente mes, con la prestación del servicio alimentario en los Centros de Detención Transitoria del país a personas en calidad de indiciadas.
La situación se vuelve más compleja, ya que en estos centros hay un hacinamiento del 124%, lo que genera otras vulneraciones a los derechos humanos. Datos de la Policía Nacional señalan que 1534 PPL están condenadas y 21.125 se encuentran imputadas.
“Hemos entregado varias recomendaciones al Ministerio de Justicia para que convoque de manera inmediata una mesa de alto nivel, conformada por las entidades territoriales y la USPEC, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para que sea adoptado un plan de contingencia que permita asegurar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación a esta población”, resaltó el Defensor del Pueblo.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo les solicita a las alcaldías y gobernaciones adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio de alimentación a las personas en calidad de sindicadas que se encuentran en Centros de Detención Transitoria, y a la USPEC, que coordine con las entidades territoriales el suministro de este servicio para prevenir una afectación generalizada.
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